El Proyecto de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que suprime
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la mayoría de sus
contribuyentes, pasó ayer el primer trámite parlamentario en el
Congreso. Todos los partidos aceptan suprimir el IAE pero critican
al Gobierno por no dar una alternativa al descenso de recaudación
tributaria de los ayuntamientos.
El proyecto del Gobierno salió adelante en el Pleno del Congreso
de los Diputados tras decaer, con los votos del PP y de Coalición
Canaria, las siete enmiendas a la totalidad de PSOE, IU y cinco de
los partidos del Grupo Mixto (BNG, IC-Els Verds, ERC, PA y CHA),
que pedían la retirada del proyecto de ley. Los Grupos de CiU y PNV
se abstuvieron en la votación de las enmiendas a la totalidad si
bien expresaron su confianza en que algunos aspectos de la Ley sean
mejorados, vía enmiendas, durante el trámite parlamentario del
proyecto.
Los grupos enmendantes, aunque todos se mostraron de acuerdo con
la supresión del IAE, justificaron la petición de devolución del
texto en la ausencia de negociación con los representantes de los
entes locales y en el hecho de que, en su opinión, no se garantiza
su suficiencia financiera al suprimir un impuesto y no ofrecer
ninguna «compensación» alternativa.
Alvaro Cuesta, portavoz del PSOE en el debate, justificó su
enmienda en la presentación de la Ley de manera «unilateral» por
parte del Gobierno, sin consenso previo con la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias), instó al Ejecutivo a retirar
el proyecto y negociarlo en el marco del Pacto Local «escuchando a
los ayuntamientos y a las Comunidades» y apostó por aprobar ya sólo
la supresión del IAE con garantías para los entes locales.
Fuera del Parlamento, y en especial en Catalunya, arreció la
polémica suscitada en torno a la intervención del presidente del
Gobierno, José María Aznar, en una convención sobre financiación
local, en la que acusó el miércoles al PSOE de estar en contra de
las rebajas de impuestos y señaló que algunas ciudades catalanas
gobernadas por los socialistas como Badalona o Barcelona son las
que ejercen mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos.
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