AgenciasMadrid09/11/02 0:00
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El asunto de las privatizaciones realizadas por el PP continúa en la línea de fuego. Ahora, la polémica se centra en la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción presente una denuncia contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por abuso de información privilegiada cuando estaba al frente de Tabacalera. Los socialistas dicen que si se confirma que existió delito, se demostrará que hay evidentes complicidades del Gobierno y responsabilidades políticas de los impulsores de la privatización de las compañías. El PP se defiende y arremete contra el portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, al que dice que cada acusación que lance en torno a este asunto será contestada recordando el expediente abierto sobre el viaje de su esposa a Cuba.

Caldera argumenta que la denegación de información sobre el caso a los grupos de la oposición por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores pone de manifiesto que existen «esas complicidades del Gobierno» y si, además, se confirman actividades delictivas, estará claro que hay responsabilidades políticas en quienes «maquinaron» la venta de Tabacalera y Telefónica. Está claro, por tanto, que el 'caso Alierta' traerá cola. De momento, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, ya ha pedido al fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que le informe de la querella que prepara contra Alierta.

Cardenal se puso en contacto ayer con Villarejo para que éste le informe de la denuncia en la que se considera que Alierta abusó de información privilegiada en la operación de compraventa de acciones de Tabacalera realizada por su sobrino, Luis Javier Placer, en 1998, cuando aún era presidente de la compañía de tabacos y de la que informaba ayer el diario «El Mundo». Esta forma de proceder del fiscal general tampoco ha gustado al PSOE que le ha pedido que «deje trabajar» a la Fiscalía Anticorrupción que cumple con su tarea con «rigor».