El Gobierno cree que la Fiscalía General del Estado ha dado luz
verde al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para tomar
medidas contra la Mesa del Parlamento vasco. El fiscal general,
Jesús Cardenal, ha encargado al fiscal encargado del 'caso
Batasuna' el informe que determine si la Cámara autonómica ha
incurrido en algún delito al no disolver el Grupo de la formación
abertzale en Vitoria, como ordenó el magistrado en su auto del
pasado mes de agosto.
A la espera de la decisión que tome tanto el fiscal general como
el juez Garzón, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique
Villar, abrió el enfrentamiento con los nacionalistas. Según dijo,
tienen sus «esperanzas» de ver procesados tanto a Ibarretxe, como
al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por
incumplimiento de ley ante los autos del juez Garzón. «Si todos
hiciéramos lo mismo», señaló en referencia a los dirigentes
nacionalistas, «la Justicia sería un cachondeo, y no lo es».
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, eludió
valorar las palabras de Villar hasta en dos ocasiones que le
preguntaron los periodistas en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros. Lo único que insinuó es que no es tarea de un
portavoz del Gobierno valorar las decisiones judiciales y que «el
acontecimiento importante» que se ha producido es que el Parlamento
vasco ha incumplido un mandato judicial. «La Ley tiene que
cumplirla todo el mundo», dijo, y más aún quien tiene el poder
institucional.
Quien sí respondió a Villar fue Atutxa, quien calificó el
talante del delegado del Gobierno como «absolutamente autoritario».
«Un tema tan serio como el que tenemos entre manos se está tratando
con una enorme frivolidad y con muy poca seriedad», añadió,
recordando que todavía no se ha tomado una decisión sobre el
comportamiento del Parlamento. La Cámara, dijo, no puede actuar en
estos momentos y tendrá que esperar a que se le comunique cualquier
decisión.
Cardena señaló ayer que «Hay que obedecer las resoluciones de un
juez que dicta esta resolución en el ámbito de sus competencias,
por razón de la materia y del lugar, que le corresponden». Para el
ministro Angel Acebes, el fiscal ha dado públicamente una opinión
jurídica a su consulta, que supone que «el juez competente en el
caso es el que puede tomar las decisiones que correspondan para
hacer ejecutar lo juzgado». «Las resoluciones judiciales son para
ser cumplidas, y el Estado de Derecho tiene mecanismos para que se
cumplan».
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