El Rey destaca la contribución de las empresas al bienestar de España.

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El director general del Banco de España José Luis Malo de Molina insistió ayer en la necesidad de mecanismos «más flexibles» y «más libres» en la negociación colectiva y que a la vez sean «más coherentes» con la situación de la productividad de las compañías, ya que considera que esto incrementa la «eficiencia». Malo de Molina reconoció que la moderación salarial ha sido «muy importante» en la generación de empleo y en la estabilidad macroeconómica y reiteró que el crecimiento sostenible del consumo, que se ha de basar en el crecimiento del empleo, debe ir de la mano del mantenimiento salarial «moderado».

Insistió en que el incremento salarial no debe seguir «acelerándose», ya que «cegaría» la capacidad para mantener el excedente bruto de explotación, que es la base de la rentabilidad de las empresas. Malo de Molina agregó que entrar en una fase en la que se ponga en riesgo la moderación salarial sería «perjudicial». Además, indicó que la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) servirá para estimular el consumo «hasta medio punto», a través de un incremento de la renta disponible de los contribuyentes basada en la reducción de impuestos.

La secretaria ejecutiva confederal de UGT Josefa Solá acusó al Banco de España de ejecutar el «brazo armado del Gobierno» por las declaraciones realizadas por su director general José Luis Malo de Molina, en las que pedía más flexibilidad en la negociación colectiva y rechaza la generalización de las cláusulas de revisión salarial. Solá manifestó estar «totalmente en contra» de los argumentos utilizados por Malo de Molina, quien, en su opinión, se inmiscuye en el terreno de la negociación colectiva, cuestiona las cláusulas de revisión y no la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, «pero no le dice al Gobierno que aplique medidas correctoras para luchar contra la inflación», subrayó.

La dirigente de UGT indicó que nadie comparte la tesis del director general del Banco de España, a quien «hay que recordarle que coartan y prohíben la libertad de expresión de sus trabajadores, por obligarles a firmar un código de conducta interno, mientras él se convierte en brazo armado del Gobierno». A su juicio, las presiones del Gobierno y del Banco de España responden a una «campaña de acoso y derribo» sobre la negociación colectiva y los sindicatos.