El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, comunicó ayer al juez
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que estima que no hay
delito de desobediencia en la negativa de la Mesa del Parlamento
vasco y de las Juntas Generales de Vizcaya de aplicar el auto de
suspensión de actividades de Batasuna.
En un informe remitido al magistrado, Cardenal explica que «la
suspensión judicialmente decretada de los partidos políticos
HB-EH-Batasuna no implica automáticamente la de los Grupos
Parlamentarios o Junteros relacionados, pues está última exige una
decisión propia de cada Cámara, tal y como se reconoce, además, en
los autos del Juzgado Central de Instrucción número 5».
Recuerda también que la «reciente» Ley de Partidos «al regular
la medida de suspensión judicial de los partidos políticos no la
hace extensible a los grupos parlamentarios, sin duda por cuanto el
legislador reconoce que estamos en presencia de dos realidades
jurídicas diferentes».
Según el auto de suspensión de actividades de Batasuna, parte
del cual reproduce Cardenal en su escrito, «en cuanto» a las
actividades que desarrolla la formación como grupo en el seno del
Parlamento, Diputaciones Forales, Juntas Generales y Ayuntamientos
del País Vasco y Navarra, «se deja al arbitrio de esas
instituciones y según las reglas que rijan el funcionamiento y la
efectividad de la medida de suspensión del grupo como tal, en el
interior de aquellas».
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