El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó ayer a la
Fiscalía Anticorrupción que paralice la querella que ésta preparaba
contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por un presunto
delito de uso de información privilegiada. El motivo esgrimido por
Cardenal es que ya existe un procedimiento abierto por los mismos
hechos en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.
Cardenal se basa en la providencia dictada por el titular de
este juzgado, Juan Luis Rodríguez Pons, en el que, de conformidad
con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pide que se le remitan las
diligencias de investigación desarrolladas por Anticorrupción.
Este principio, según Cardenal, debe acatarlo Anticorrupción, y
por tanto remitir al Juzgado número 32 todo lo que haya investigado
acerca del uso de información privilegiada por parte de Alierta. En
todo caso, «por razón de la naturaleza del delito que investiga»,
el fiscal general pide a Anticorrupción que se persone en las
diligencias del Juzgado madrileño. Hasta ahora, la acusación
pública la ejercía la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
En su oficio, Cardenal considera que la querella de
Anticorrupción «carece de significado procesal», porque esta
Fiscalía estará personada en el procedimiento que se sigue a partir
de la querella presentada por la Asociación de Consumidores y
Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE). La
decisión de Cardenal suscitó las críticas de los partidos de la
oposición. El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario
Socialista, Antonio Cuevas, criticó el «descaro» del fiscal general
por proteger a Alierta.
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