Cuando se cumplen dos meses del accidente del «Prestige», la
tensión política se agudizó ayer en Galicia, donde oposición y PP
mantienen su trifulca por la Comisión de Investigación del
Parlamento, mientras el vicepresidente primero del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció un plan para «resarcir a las personas y
territorios» afectados. Rajoy explicó en una convención del PP en
Barcelona que este plan será aprobado por el Consejo de Ministros
este mes y se mostró convencido de que «al final la opinión de los
ciudadanos sobre nuestra actuación será positiva, aunque aquí hay
muchos que ya se han retratado».
Por contra, el secretario general del PP gallego, Xesús Palmou,
consideró que ha sido la oposición la que ha tratado de
«instrumentalizar» la reacción social por la catástrofe, y acusó a
nacionalistas y socialistas de tener como único objetivo el de
conseguir una «rentabilidad política» en este asunto.
En su balance tras dos meses desde el accidente que provocó la
marea negra, que se cumplen hoy, los partidos de la oposición
criticaron la actuación del Gobierno en la crisis y mantuvieron su
amenaza de abandonar la Comisión de Investigación en el Parlamento
gallego si el PP mantiene su talante «antidemocrático». Así, el
coordinador de la Ejecutiva del BNG, Anxo Quintana, criticó la
«incapacidad» de los gobiernos central y autonómico en su gestión y
se mostró pesimista sobre la petición de su partido de que el PP
«cambie de rumbo» en la Comisión y permita la comparecencia de los
miembros del Gobierno, así como sobre los intentos de
«manipulación» de los populares ante la protesta ciudadana.
El secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, apuntó
por su parte que la catástrofe ha provocado la «pérdida de
confianza» en el Gobierno por parte de la ciudadanía, y aseguró que
los responsables de la «crispación» política son el PP con su
actitud «autoritaria», y el presidente del Gobierno, José María
Aznar, que impone «el veto» a los miembros de su Ejecutivo en la
Comisión.
Una jornada más, el trabajo continuó en las playas contaminadas,
donde colaboraron en la limpieza 5.800 personas, de las cuales
1.914 eran parte del personal contratado, 1.635 miembros de las
Fuerzas Armadas y 2.242 voluntarios, según la Comisión de
Seguimiento. La Comisión mantuvo en esta jornada los datos
ofrecidos un día antes sobre la situación de las manchas, con la
principal condensación del Cantábrico a 62 millas de Cabo Peñas
(Asturias), a unas 156 millas de la costa francesa; «una placa
emulsionada» a 27 millas de Cabo Ortegal (La Coruña) y dos
irisaciones de «aspecto ligero» en la zona del hundimiento.
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