El Gobierno prevé ampliar de 3 a 8 años las penas de prisión para
culpables de tráfico ilegal de personas, unas penas que serán de 4
a 10 años si el propósito es la explotación sexual, avanzó ayer el
ministro de Interior, Angel Acebes. En su intervención en la
Convención del PP sobre inmigración, celebrada ayer en Barcelona
con la ausencia de Jaume Matas, Acebes adelantó que se prevé
modificar tanto el Código Penal como el Código Civil.
Acebes avanzó también que es voluntad del Gobierno expulsar a
aquellos inmigrantes que cometan delitos menores, como robos o
hurtos, porque «a España se puede venir a trabajar, no a
delinquir». «Estos delitos menores son la excusa para quedarse en
España y es voluntad del Gobierno, tanto si hay condena como si
existe una orden de expulsión, que el juez pueda autorizar dicha
expulsión sin esperar al juicio», señaló Acebes, que informó de que
el Gobierno propondrá que los inmigrantes expulsados en cualquier
Estado de la UE no puedan volver a entrar, ni gozar de permiso de
residencia o de trabajo, «durante diez años».
El titular de Interior avanzó una serie de modificaciones
legislativas «para acabar con ese vivero de mafias que lleva a los
inmigrantes a la marginalidad», entre ellas un endurecimiento de
las penas para culpables de tráfico ilegal de personas, delito que
se castigará con penas de prisión de entre 3 y 8 años, por los 6
meses de ahora. Asimismo, si el propósito es la explotación sexual,
las penas oscilarán entre 4 y 10 años de prisión; mientras que las
penas se agravarán si se actúa en el marco de una organización
dedicada a esta actividad o «se pone en peligro la vida, la salud,
la integridad de las personas o si éstas son menores de edad».
Clausuró la Convención el vicepresidente primero del Gobierno,
Mariano Rajoy, quien señaló que la inmigración «ha producido el
mayor cambio en el mundo» originado últimamente, como lo demuestra
que la población inmigrante es ya de 1.324.001 personas, con un
crecimiento del 165% desde la llegada del PP al poder, en 1996.
«España puede y debe ser un país de acogida y debemos facilitar
la inmigración porque nosotros hemos sido emigrantes y, además, hay
muchos trabajos que pueden hacer los inmigrantes, que así
contribuyen al desarrollo del país», señaló Rajoy. No obstante,
recordó que «la inmigración debe ser legal y ordenada y no puede
ser infinita». A su juicio, los extranjeros en España tienen los
mismos derechos y deberes que los ciudadanos españoles y deben
cumplir lo que marca la Constitución y nuestro sistema de valores,
por lo que el Gobierno llevará cabo en breve dos reformas para
hacer efectiva esta integración.
La primera es que el Código Penal incluirá la mutilación genital
femenina como un delito de lesiones «para dar respuesta penal
tajante a los que se excusan en creencias o tradiciones» ajenas, ha
señalado el vicepresidente primero del Gobierno. La segunda
reforma, según Rajoy, afectará al Código Civil para que los
cónyuges extranjeros que residen aquí, «y especialmente las
mujeres», puedan divorciarse igual que los españoles sin que se les
aplique la ley de sus respectivos países, «que no lo permite en
muchos casos».
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