A las seis restantes, cuatro activistas de Greenpeace y dos
periodistas -un redactor de Tele 5 y un cámara de Antena 3-, la
policía gibraltareña les imputa un presunto delito de desorden
público y desacato a la autoridad por el que deberán declarar hoy
ante las Cortes de Justicia del Peñón, según la policía
gibraltareña, que les ha impuesto una fianza de 1.000 libras.
La protesta comenzó a las 08.00 horas con la llegada a la bahía
de Algeciras del barco de la asociación conservacionista MV
Esperanza, del que media hora después se echaron al mar tres zodiac
con activistas y periodistas a bordo.
Según Greenpeace, las zodiac fueron perseguidas y abordadas por
cinco lanchas de la policía y de las autoridades portuarias de
Gibraltar, que interceptaron a dos de ellas, ocupadas por 18
personas entre periodistas y miembros del grupo ecologista.
Mientras, dos activistas de Greenpeace se encaramaron al mástil
de proa del petrolero Vemamagna con una pancarta con el lema
«Peligro. Petróleo» hasta que bajaron dos horas después y fueron
detenidos por la policía, lo que elevó a 20 el número de detenidos:
seis activistas -un portugués, un argentino, un australiano, un
israelí y dos españoles- y 14 periodistas -dos de «El Mundo», dos
de «El País», dos de Canal Sur, dos de Antena 3, dos de Tele 5, uno
de TVE, uno de Europa Sur y dos freelance-.
Durante la protesta resultó dañado parte del material de los
periodistas con el que pretendían cubrir la acción de
Greenpeace.
EVemamagna, causante de varios vertidos de hidrocarburo a la
bahía de Algeciras, es, según Greenpeace, un buque monocasco con
bandera de conveniencia de Malta, construido en 1978 y con
capacidad para 87.290 toneladas de fuel, que se encuentra
permanentemente fondeado en las inmediaciones de Gibraltar para
realizar operaciones de trasvase de combustible a barcos.
Según algunos periodistas detenidos, el redactor de Tele 5 José
Marín resultó contusionado en la mejilla al ser agredido por un
policía cuando fue abordada la zodiac en la que viajaba.
Las detenciones fueron condenadas por las autoridades
institucionales y grupos políticos y sociales del Campo de
Gibraltar. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores
presentó una nota verbal ante la embajada del Reino Unido en Madrid
por las detenciones practicadas.
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