Botín y Amusátegui aseguran que los 44 millones fueron un 'premio' al trabajo en BCH

Botín y Amusátegui prestaron declaración como imputados a petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional después de que el abogado Francisco Franco Otegui presentara una querella en su contra en la que se les acusa de delito societario o de estafa por el abono de esa «astronómica cantidad» sin informar a los accionistas.

Ambos responsables del banco explicaron que la cuantía que debía cobrar Amusátegui al dejar el banco se pacto el 15 de enero de 1999, cuando se acto la fusión y correspondía a los servicios prestados desde 1985 en el BCH. Botín desmintió que el pago fueron una compensación pactada en agosto de 2001 para acabar con la lucha de poder que había entre ambos.

Los que compartieron la Presidencia del banco durante más de dos años insistieron en que este premio no era un beneficio procedente de la unión entre el Santander y el BCH y, por tanto, no era obligatorio hacerlo constar en los pactos de fusión. Tanto Botín como Amusátegui destacaron que sólo se pactaron condiciones de jubilación para José María Amusátegui, ya que era él quien debía dejar la entidad después de tres años de copresidencia, mientras que Emilio Botín sería quien permanecería en el cargo.

Según fuentes de la acusación, además de los 43,7 millones de euros percibidos, el 'bonus' del que se benefició Amusátegui incluye el cobro de 5,1 millones de euros anuales, de un 70 por ciento de lo que ingresa mensualmente un consejero de su nivel, despacho y dos secretarias, servicio de seguridad y mantenimiento de las 'stock options'.