Europa PressMadrid07/02/03 0:00
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PSOE e IU acusaron ayer al Gobierno de que el proyecto de ley de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal pretende una «depuración ideológica» y cesar a todos aquellos fiscales que le resultan «molestos». «La reforma tiene nombre y apellidos en la mente de todos y se pretende cesar a todos los fiscales que se han significado en los casos Matas, Piqué, Benigno Blanco, Repsol o en contra de determinadas políticas del Gobierno en inmigración, extranjería o seguridad ciudadana».

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Javier Barrero, recalcó que la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal del Gobierno supone una «marcha atrás». El dirigente socialista criticó el proyecto por «aumentar la dependencia» del fiscal general al Gobierno, una «hegemonía» que, según dijo, ha hecho constar el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es más, dijo que esta «instrumentalización» puede dar lugar a que se repitan casos como los de los ministros Josep Piqué o Jaume Matas. «Y esa arbitrariedad no entra dentro del Pacto de Estado de la reforma de la Justicia».

El Congreso de los Diputados rechazó ayer, con los votos de PP, CiU y Coalición Canaria, las enmiendas de totalidad que presentaron PSOE, Izquieda Unida, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Eusko Alkartasuna (EA) al proyecto de ley de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, una norma que pretende reforzar el papel del fiscal general del Estado y de los Consejos Fiscales, y limitar a cinco años los mandatos de los fiscales-jefe. Se trata de la primera reforma del Pacto de Estado de Justicia que arranca con enmiendas a la totalidad.

El Grupo Socialista e Izquierda Unida, que presentaron sendas enmiendas con texto alternativo, acusaron al ministro de haber presentado una reforma «unilateral» sin buscar el consenso en el Pacto de Estado de Justicia y defendieron mayor independencia del fiscal general del Estado y limitación de su mandato.