La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron ayer al Tribunal
Supremo los informes finales de alegaciones dentro del proceso
contra Batasuna, en los que consideran probado que la formación
abertzale ha incumplido sobradamente los principios de la Ley de
Partidos y que es ETA, por lo que creen que debe ser
ilegalizada.
Pidieron también al alto tribunal que tenga en cuenta, como
prueba más de esta vinculación, la no condena del último atentado
de la banda en Andoain (Guipúzcoa). Tanto la Fiscalía como la
Abogacía del Estado tenían de plazo para presentar sus alegaciones
ante el Supremo hasta el tres de marzo, aunque han decidido no
agotar este periodo.
Esto agilizará el proceso para decidir la ilegalización de
Batasuna, que tendrá ahora veinte días para alegar. Después el
Supremo tendrá el mismo tiempo para dictar la sentencia definitiva.
La resolución se conocerá a mediados o finales del próximo mes de
marzo.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón,
sostiene en su informe, de 22 folios, que las pruebas testifical y
documental presentadas en el proceso han servido para demostrar la
conexión entre Batasuna y ETA y rechaza que los testigos que
declararon en el proceso a petición del Ministerio Público fuesen
parciales como dice la formación abertzale.
Entre los elementos que prueban la relación entre la formación y
la organización terrorista, el fiscal considera los gritos de apoyo
a ETA realizados en varias manifestaciones, los carteles a favor de
los presos de la banda y el incumplimiento por parte de Batasuna de
la obligación impuesta por la Ley de Partidos de sancionar a los
afiliados condenados por terrorismo que no lo hayan rechazado
públicamente.
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