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El juez de Corcubión, que instruye el caso 'Prestige', ha dictado un auto en el que cita a declarar como imputados al delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, al capitán marítimo de A Coruña, Angel del Real, y al director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, informaron fuentes jurídicas.

El juez ha llamado también a declarar como testigo a un empleado de la empresa Remolcanosa, que participó en el remolque del buque.

Según las fuentes, el juez de Corcubión, Francisco Javier Collazo, ha dictado además una providencia por la que se admite a trámite la querella presentada por la plataforma «Nunca Máis» contra los responsables que tomaron la decisión de alejar de la costa gallega al petrolero accidentado el 13 de noviembre, después de que la plataforma haya formalizado la fianza de 3.000 euros solicitada para dar por válida su querella.

Nunca Máis» considera responsables de la catástrofe, entre otros, a estas tres personas por las decisiones que se adoptaron en los primeros días cuando aún no se había producido el hundimiento del barco.

Fuentes de la Abogacía del Estado calificaron como «un procedimiento normal» el que se cite a declarar como imputados a estas personas e indicaron que lo hace el Juzgado es dar trámite a lo que se recoge en la querella de la Plataforma.

Tanto el delegado del Gobierno en Galicia como el director general de Marina Mercante y el entonces capitán marítimo de A Coruña formaron parte del gabinete que se creó en los días previos a la catástrofe cuando se intentó el alejamiento del barco de las costas gallegas.

López Sors y Fernández de Mesa fueron también los encargados de explicar ante los medios de comunicación las medidas que se adoptaron durante la catástrofe hasta que asumió esta función el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, resaltó que la decisión del juez de Corcubión es una «bofetada» al Ejecutivo de José María Aznar. Además, aseguró que estos hechos «hacen más necesaria que nunca» la creación de una comisión de investigación que depure también las responsabilidades políticas. Diego López Garrido afirmó que la imputación de estos cargos evidencia que el juez «ha encontrado indicios racionales de criminalidad en su actuación, pese a los «intentos del Gobierno por zanjar la crisis».