Zenarruzabeitia explicó, dando lectura a un comunicado de nueve
puntos, que el Ejecutivo vasco «explorará y empleará todas las vías
políticas, jurídicas e institucionales que puedan poner freno a la
degradación jurídico-política de la democracia a la que nos aboca
la llamada Ley Orgánica de Partidos Políticos». El Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo es una de las posibilidades que
estudia el Gobierno vasco. La vicelehendakari aseguró que se
estudia recurrir al Tribunal de Estrasburgo independientemente del
resultado final del proceso de ilegalización de Batasuna. «Ha
quedado sobradamente expuesta la defensa de los principios y
valores democráticos, los mismos sobre los que se asienta la
Convención Europea de los Derechos Humanos y, especialmente, los
derechos de la ciudadanía vasca están por encima de las
coyunturas», explicó.
Batasuna, en cambio, recurrirá al Tribunal de Estrasburgo una
vez que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este proceso de
ilegalización. Jone Goirizelaia, abogada y parlamentaria abertzale
se mostró convencida de que el Constitucional está haciendo lo que
le dicta el Gobierno y también de que el Supremo «ni siquiera va a
tener la decencia de leer detalladamente el escrito de la defensa
de Batasuna».La resolución del Tribunal Constitucional demuestra
para el Gobierno vasco que los principios democráticos «han quedado
sacrificados ante la mal llamada razón de Estado, obteniendo, así,
una pírrica victoria el decisionismo político y la cruzada
antivasca, disfrazada de antiterrorismo, del presidente del
Gobierno español, el señor Aznar».
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