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El presidente del Gobierno, José María Aznar, mostró ayer su satisfacción por la ilegalización de Batasuna y señaló que ahora los terroristas ya no podrán marcar las reglas del juego ni dentro ni fuera de España. «Ése es el compromiso y ésa es la legalidad internacional», dijo Aznar, quien recordó que «no se puede derrotar nunca a una organización terrorista si se permite que una parte de la misma viva en la legalidad, reciba fondos públicos y sea la que marque las reglas del juego».

El ministro de Justicia recalcó que ahora Batasuna no podrá presentarse a las elecciones y que, por lo tanto, «no podrá seguir burlándose del Estado de Derecho». Por eso, Michavila dijo que supone «un triunfo para la democracia» y se mostró convencido de que Batasuna intentará mantenerse en la fila política mediante alguna estrategia, al igual que el secretario general del PP, Javier Arenas, quien puntualizó, no obstante, que ETA tratará de saltarse «a la torera» esta decisión judicial.

También Acebes dijo que la ilegalización «abre una enorme esperanza a los vascos para que disfruten de la libertad y democracia que hay en el resto de España». «Hoy es una gran día para la democracia en España y la lucha antiterrorista», apuntó, recordando que esta ilegalización es «una buena prueba» de que se puede derrotar el terrorismo desde el Estado de Derecho.

Desde el País Vasco, Carlos Iturgáiz dijo que «hoy es una gran día para la democracia y el Estado de Derecho» y exigió al Gobierno vasco y al PNV que acaten «inmediatamente» la sentencia y disuelvan el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), «porque también forma parte del entramado de ETA».

Ante este «ataque», Udalbitza (SA) cree que Euskal Herria «debe construir su propia legalidad» y añadió que la decisión «anula el derecho a votar de miles de ciudadanos vascos y hace desaparecer brutalmente la libertad de expresión». «El Gobierno español ha violado sin ningún tipo de vergüenza derechos que en cualquier democracia son de primer nivel», informó en un comunicado. Desde el PNV indican que el fallo supone «un atropello a una libertad fundamental como es el derecho de asociación».