El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, aseguró ayer que la
ilegalización de Batasuna «no hará desaparecer a ETA», así como que
«vulnera el pluralismo político», por lo que emplazó a la sociedad
vasca a defender, «con contundencia, la libertad de asociación y el
derecho a la vida».
Asimismo señaló que un Estado de Derecho debe tener «la misma
firmeza para erradicar el terrorismo» que para «mantener sus
propios principios democráticos» y avanzó que el Gobierno Vasco
tiene «una apuesta clara por agotar todas las vías legales» en
contra de la Ley de Partidos.
Imaz hizo pública la posición oficial del Gobierno vasco
respecto de la sentencia de ilegalización de Batasuna, anunciada el
lunes por el Tribunal Supremo, y adelantó que el Ejecutivo que
preside Juan José Ibarretxe está decidido a «agotar todas las vías
legales» en contra de la Ley de Partidos. Imaz incidió en que la
decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar a Batasuna «no traerá
la paz y sólo contribuirá a dar oxígeno a los que se encontraban en
una fase terminal». Consideró que, con esta decisión judicial, «se
ha amputado de la sociedad una alternativa ideológica» que, según
dijo, «puede coincidir con las ideas de los terroristas, pero no
ejerce el terrorismo».
Agregó que «no fortalece la democracia, sino que la debilita»,
ya que «no se puede recortar la libertad para intentar lograr mayor
seguridad» y subrayó que «no es verdad que el terrorismo vaya a
desaparecer porque se recorten las libertades». «La ilegalización
de Batasuna no traerá la desaparición de ETA y nadie que se sienta
o esté amenazado es a partir de hoy más libre», opinó.
Imaz estimó que la ilegalización, además de «no ayudar a la
solución, vulnera el pluralismo político», por lo que emplazó a la
sociedad vasca a «defender con contundencia la libertad de
asociación, así como el derecho a la vida y, especialmente, los
derechos de las personas amenazadas por la violencia y terrorismo»
«La mayoría social vasca defiende el diálogo y no la imposición y
cree que al terrorismo no se le vence recortando la libertad, sino
ampliándola», argumentó.
En este sentido, explicó que el Ejecutivo autonómico está
«analizando seriamente» la posibilidad de recurrir al Tribunal
Europeo, así como la de apelar a la Convención Europea de Derechos
Humanos.
Tras incidir que «Francia ha ido oídos sordos» a la
«ilegalización promovida por el señor Aznar, dejando en entredicho
al Estado de Derecho», confió en que «Europa acabará por poner las
cosas en su sitio» en esta materia.
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