EfeMadrid22/03/03 0:00
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El Gobierno autorizó ayer la participación de 1.100 militares en la crisis de Irak, de los que 868 corresponden a los tres buques desplazados en misión «humanitaria» y otros 232 a la tripulación de los aviones F-18 para la defensa de Turquía, así como un avión cisterna y un helicóptero de salvamento y rescate. El ministro de Defensa, Federico Trillo, explicó que la «autorización inicial» de esta operación es de tres meses, su gasto se imputa al concepto presupuestario de «operaciones de mantenimiento de la paz» y «en ningún caso tendrá carácter extraordinario».

Respecto al uso de las bases militares por parte de Estados Unidos, Trillo reiteró que todas las autorizaciones concedidas por el Gobierno están amparadas por resoluciones vigentes de Naciones Unidas y así han sido invocadas por las autoridades estadounidenses, en particular las relativas a vigilancia aérea del Norte y Sur de Irak y «Libertad Duradera». En ministro detalló una serie de autorizaciones según distintos artículos del convenio, como que aviones civiles pudieran utilizar otras bases o aeródromos españoles, distintos de Rota y Morón, según el artículo 25.

Precisó que éstas se dan «caso a caso» para Zaragoza, San Javier, Talavera y Albacete. En cuanto a los tránsitos aéreos, también por el mismo artículo, las autorizaciones de uso han sido para 3.648 casos. También, de forma temporal, se ha autorizado un número mayor de aviones cisterna basado en Morón, concretamente 25, en tanto que el convenio prevé un máximo de 15.

Sobre instalaciones, dijo que se autorizó basar temporalmente en Rota un contingente de 40 personas para montar la unidad de defensa del puerto, que estaba prevista, según el artículo 18.5 del convenio. Además, se ha autorizado la construcción de 44 unidades para albergar a diez personas en cada una de ellas y la de instalaciones médicas de emergencia para 116 camas y la posterior construcción de un hospital para 500 camas, de carácter humanitario, todo ello según el artículo 18.4.

Preguntado por el artículo 2.2, que remite a los capítulo II y III para autorizaciones previas del Gobierno en caso de usos que excedan los objetivos del convenio, el ministro dijo que son exactamente los que él había procurado seguir en su exposición, sobre las autorizaciones para instalaciones de apoyo, y de tránsito, sobrevuelo etcétera. Respecto a las tropas españolas enviadas al Golfo, dijo que la autorización, como suele ser habitual, es de tres meses, «lo cual no significa para nada que éste sea un plazo que se calcule de duración del conflicto y menos aún que se desee», señaló el ministro.

Preguntado por la cantidad exacta de gasto de la misión, argumentó que no podía precisarla porque se trata de una estimación y que no se superarán en 2003 los 300 millones de euros de 2002 en estas partidas debido a la reducción de fuerzas españolas en las misiones de paz internacionales en los Balcanes y Afganistán.