El ministro de Justicia, José María Michavila, ojea la sentencia del Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo explica en la sentencia que ordena la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna que «el beneficio que se obtiene con esta medida, es una inmediata protección de la Democracia y de los derechos de los demás». La sentencia justifica los motivos por los que se declara la disolución de estas formaciones, que mantienen «una identidad real» con ETA, al tiempo que ordena la cancelación de sus inscripciones en el Registro de Partidos Políticos.

Además, tras la notificación de la sentencia, HB-EH-Batasuna «deberán cesar de inmediato en todas sus actividades» y quedan impedidas a «constituir situaciones o relaciones jurídicas de clase alguna». Por tanto «no podrá prosperar la constitución de una formación que continúe o suceda al declarado ilegal y disuelto». La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, «es firme, definitiva y ejecutiva» desde ayer.

La sentencia ordena la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, que será llevado a efecto por tres liquidadores designados por la Sala Especial, cuyas cantidades se destinarán a actividades de interés social o humanitario. La sentencia explica que «el beneficio que se obtiene es una inmediata protección a la Democracia y a los derechos fundamentales de los demás, de modo que debe concluirse que en el caso presente concurren todas las exigencias para que la restricción del derecho a constituir y formar parte de partidos políticos alcance plena legitimidad».

Añade que «vista la gravedad de los actos terroristas en nuestro país, en el que cerca de mil muertos son imputables a la acción de la banda terrorista ETA, y entre los cuales se encuentran hombres, mujeres y niños, hace que la medida tampoco albergue reproches en términos de proporcionalidad». El parlamentario de 'Sozialista Abertzaleak' Arnaldo Otegi calificó la sentencia de la ilegalización de Batasuna de «declaración de guerra» y la enmarcó en «una estrategia de guerra que lo que busca es el aniquilamiento de las señas de identidad nacional del pueblo vasco». A su vez, anunció que su grupo ha registrado en la Cámara vasca una iniciativa en la que plantea la «urgencia» de regular una Ley vasca de Partidos Políticos. Otegi denunció que «el aznarismo imperante en el Estado español plantea con respecto a su relación con Euskal Herria la misma receta que plantea con el pueblo iraquí».