La Audiencia Provincial de Àlava ha condenado a los ex directores
del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón Fernández a tres
años de cárcel para cada uno por las escuchas a la sede de Herri
Batasuna en Vitoria, descubiertas por esta coalición el 31 de marzo
de 1998. La Audiencia condena también a los dos agentes del Cesid
Mario Cantero y Francisco Buján a dos años y seis meses de prisión
para cada uno. El tribunal absuelve a los otros supuestos agentes
del Cesid Víctor Casterán y Felipe Millán García, que fueron
procesados a petición de las acusaciones particulares.
Manglano y Calderón, además de la pena de cárcel, deberán
afrontar una multa de veinte meses a razón de 18 euros por día y a
la inhabilitación absoluta por ocho años. Cantero y Buján, además
de la pena de privación de libertad han sido condenados a pagar una
multa de 18 meses a doce euros por día, así como a la
inhabilitación absoluta por seis años.
La sentencia de la Audiencia Provincial establece además una
indemnización solidaria a favor de las tres personas que
denunciaron las escuchas de seis mil euros para cada uno de ellos,
así como la responsabilidad civil del Estado. Ante la sentencia de
la Audiencia Provincial de Àlava cabe un recurso de casación ante
la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cinco días desde el
siguiente al de su notificación. El juicio por estas escuchas por
las que se han condenado a cuatro miembros del Cesid por un delito
de escuchas ilegales, se celebró en la Audiencia Provincial entre
los pasados 10 y 13 de marzo. Tras la vista oral, el Fiscal mantuvo
su petición de cárcel para Cantero y Bujan, mientras que la
acusación particular solicitó cuatro años de prisión para Manglano
y Calderón, y 3 años, siete meses y quince días para los supuestos
agentes de los servicios de inteligencia militar. La Audiencia
establece como probado que encima de la sede de Herri Batasuna de
Vitoria, el Cesid alquiló una vivienda y luego la compró, y que
desde ella «se realizaban escuchas telefónicas de las
conversaciones que realizaban personas que habitualmente estaban en
la sede de Herri Batsuna», al menos durante tres años. También se
da por probado que el Centro Superior de Informaciones de la
Defensa tenía otro piso alquilado frente a la sede de Herri
Batasuna, desde el que se filmaba y fotografiaba a quienes entraban
en dicha sede, actividad de la que era responsable Víctor
Casterán.
La Audiencia sostiene que al tratarse de un lugar público esta
actuación del Cesid no fue ilícita. En su sentencia, el magistrado
reconoce que la instrucción de este caso ha resultado «muy
complicada, además de lenta y poco fructífera». La Fiscalía y el
Abogado del Estado recurrirán la sentencia de la Audiencia
Provincial de Alava, según fuentes jurídicas.
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