El Tribunal Supremo acordó ayer dar un plazo de cinco días al
presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a la Mesa de
la Cámara autonómica para que disuelvan el Grupo Sozialista
Abertzaleak. De no cumplir con su sentencia, el Supremo les acusará
de un delito de desobediencia. El plazo de cinco días comenzará a
contar desde el momento en que la Cámara vasca reciba oficialmente
esta providencia del Supremo, algo que sucederá mañana o pasado.
Mañana tomará la decisión definitiva el Parlamento, que ya tiene el
informe jurídico que solicitó y que apuesta por el cambio del
reglamento como la fórmula más adecuada.
La 'Sala del 61' del Supremo se reunió, al haber transcurrido
quince días desde que decretó la disolución de Sozialista
Abertzaleak y tras comprobar que el Parlamento vasco no ha cumplido
con esta resolución. En esta reunión, se acordó dar un ultimátum de
cinco días al presidente y a la Mesa del Parlamento para que
ejecuten la sentencia.
Providencia
La providencia del Supremo incluye el apercibimiento a los dos
destinatarios, el propio Atutxa y la Mesa del Parlamento, de que,
si no cumplen la orden de disolución, se procederá judicialmente
contra ellos por un delito de desobediencia. Sería la Fiscalía
quien tendría que querellarse por este delito ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, instancia competente para
investigar a los diputados autonómicos en el ejercicio de sus
funciones.
El Supremo ha remitido por fax la resolución al Parlamento
vasco, aunque el plazo no comenzará a contar hasta que la Cámara
reciba oficialmente la providencia por correo ordinario, algo que
está previsto que suceda antes del sábado. En ese caso, el
ultimátum vencería el próximo viernes.
Si finalmente la Mesa del Parlamento vasco decide disolver
Sozialista Abertzaleak, cumplirá sobradamente con los plazos dados
por el Supremo. La Mesa de la Cámara se reunirá de forma
extraordinaria hoy para debatir sobre el informe jurídico que
encargó el Parlamento vasco, adelantando dicha reunión, que de
forma ordinaria se habría producido el martes de la próxima
semana.
El informe, ya completo, deja claro que todas las sentencias y
demás resoluciones judiciales firmes son de obligado cumplimiento.
Por eso, apuesta por la modificación del Reglamento como la forma
más adecuada para resolver el Grupo de Batasuna. Una de las
desventajas de este camino es su lentitud.
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, acusó al Estado español de
no buscar la disolución de Sozialista Abertzaleak, sino que el
Parlamento vasco «hinque la rodilla» y doblegue su voluntad. El
vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento vasco, Gorka
Knörr, advirtió de que no acepta ninguna coacción y dice que la
decisión «huele a dictadura franquista».
Los cinco días que el Tribunal Supremo ha establecido de plazo
serían, «en principio, de imposible incumplimiento», según
informaron fuentes parlamentarias.
Las mismas fuentes precisaron que, para ello, hay que modificar
el reglamento y los plazos que se contemplan en las normas de la
Cámara, aún recurriendo al carácter de urgencia, rebasarían los
días previstos por el Supremo. En este sentido, confían en que, el
fiscal no iniciaría actuaciones contra el Parlamento, si éste
iniciara el proceso de reforma reglamentaria.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.