El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, más conocido como Ley de
Grandes Ciudades, que definirá como tales a aquéllas que tengan un
tramo de población de 250.000 habitantes. La intención del Gobierno
es aplicar la norma antes de fin de año dado el «alto consenso»
obtenido entre el Ejecutivo y la oposición sobre el contenido de la
futura norma.
Respaldada por el «amplio consenso» que alcanzó la inicial
proposición no de ley, que fue pactada por PP y PSOE y que obtuvo
el apoyo de CC, PNV y el «apoyo parcial» de IU, el ahora proyecto
de Ley de Grandes Ciudades se tramitará por el procedimiento de
urgencia debido a este «alto consenso», según anunció el ministro
de Administraciones Públicas, Javier Arenas.
La norma, que crea un régimen jurídico específico para los
municipios de gran población, incluirá en la categoría de grandes
ciudades a aquellas que superen los 250.000 habitantes -entre ellas
Palma-, a las capitales de provincia con más de 200.000 habitantes
y los municipios que alberguen sedes de instituciones autonómicas.
Otras novedades dentro del régimen específico es que el Gobierno
local estará integrado por el alcalde y la Junta del Gobierno
Local, pudiendo formar parte personas que no reúnan la condición de
concejal y en un porcentaje no superior al 50 por ciento.
Los Plenos de las corporaciones municipales serán los órganos de
representación política y también se crearán los Consejos Sociales
de la Ciudad como órganos de participación en las políticas de
desarrollo local. Se contempla además la planificación estratégica
y los grandes proyectos urbanos y el establecimiento de un
Observatorio Urbano, en el seno del Ministerio de Administraciones
Públicas, para reunir indicadores sobre la calidad de vida y de los
servicios.
La nueva Ley conllevará además modificaciones en la Ley de
Régimen de Bases Local con el fin de arbitrar mecanismos que
favorezcan la participación ciudadana y la defensa de los derechos
de los vecinos, como la regulación de iniciativas populares en el
ámbito local, la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la creación de una comisión de sugerencias y
reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios
públicos.
A los efectos de esta ley quedan definidas como tales, según
explicó el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas,
las de más de 250.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria,
Palma de Mallorca, Bilbao, Valladolid, Córdoba, Alicante, Vigo y
Gijón) y las que superen los 200.000 y sean capitales de provincia
(La Coruña, Granada, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife y Oviedo). El
objetivo de la norma, según Arenas, es «modernizar todos los entes
locales y acabar con el uniformismo organizativo» de los
municipios.
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