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OTR/PRESS-EFE
PSOE e IU han pasado de las insinuaciones a las acusaciones y creen que detrás de la maniobra de Eduardo Tamayo y Teresa Sáez hay intereses económicos y urbanísticos. Tanto es así, que ambas formaciones han pedido que investigue la Fiscalía Anticorrupción. Al mismo tiempo, las fuerzas de izquierda confían en que el PP no se aproveche de esta situación, apelando al Pacto Antitransfuguismo.

El PSOE exigió ayer al PP que solicite de inmediato a Tamayo y Sáez que devuelvan sus actas de diputados en la Asamblea de Madrid porque si no estará «inequívocamente aprovechándose de un acto de corrupción política». Así lo manifestó el portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, quien recordó al PP que «el mejor espíritu del acuerdo contra el transfuguismo exige que todos hagamos imposible que los corruptos estén en el Parlamento».

Gaspar Llamazares, coordinador general de la coalición de izquierdas, fue el más explícito en este sentido al denunciar «una conspiración política y económica» inspirada por el PP y los «poderes fácticos», que quiere evitar un gobierno formado por los partidos de izquierdas. En varias ocasiones utilizó el término «corrupción» y recordó que en estos asuntos siempre hay dos partes, los corruptores y los corrompidos y que ambos tendrán que hacer frente a responsabilidades penales por «utilizar métodos fraudulentos para subvertir la voluntad democrática de los madrileños». Llamazares pidió a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción que abran una investigación sobre estos hechos.