La Fiscalía Anticorrupción acusó ayer al ex presidente del Atlético
de Madrid, Jesús Gil, y a su hijo y director general del club,
Miguel Angel Gil, de desarrollar una gestión que «parece ser
particular y deliberadamente perjudicial» para la entidad. Así se
expresa el ministerio público en una nueva querella interpuesta
contra los Gil en la Audiencia Nacional, y en la que les acusa de
defraudar 12,8 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios
1997, 1998 y 1999.
En su escrito, Anticorrupción asegura que los Gil «vienen
endeudando ilimitadamente a la entidad sin previsión de futuro,
impagando sistemáticamente sus obligaciones tributarias y
abocándola a una situación de crisis financiera prácticamente
irreversible». La Fiscalía añade que, «en tales condiciones, su
conducta compromete la ejecución de la sentencia» que el pasado 14
de febrero condenó a Gil a tres años y seis meses de prisión por
los delitos de apropiación indebida y estafa, «las medidas de
responsabilidad civil acordadas y, en particular, la restitución
ordenada de las acciones al club».
Según Anticorrupción, «la futura venta de dichas acciones para
la capitalización del Atlético resultará inviable porque su valor
de mercado se habrá reducido a cero», tal y como concluyó un
informe pericial presentado el pasado 23 de abril al juez de la
Audiencia Nacional Juan del Olmo.
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