El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira presentó ayer un
recurso contra el auto del juez Baltasar Garzón en el que solicita
al Gobierno que reclame a Argentina la extradición de 26 militares
argentinos, imputados por el magistrado español en delitos de
terrorismo, genocidio y torturas cometidos durante la dictadura
argentina, entre 1976 y 1983.
La Fiscalía reproduce los argumentos que empleó en su informe
contrario a la petición de las extradiciones, que se resumen en
negar la competencia de los tribunales españoles para entender de
este caso, y en subrayar que la puesta en marcha en Argentina del
proceso de nulidad de las Leyes de Punto Final y de Obediencia
Debida, hacen «innecesaria» la rápida intervención de la justicia
española.
El recurso del fiscal, de 20 folios, es de reforma y subsidiario
de apelación, es decir, que será resuelto en primera instancia por
el juez Garzón, y, en caso de que éste lo rechace, como es
previsible, se elevará a la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, que tendrá la última palabra.
No obstante, el recurso del fiscal no paraliza la tramitación de
las extradiciones, que el juez Garzón ha trasladado con carácter
urgente al Ministerio de Justicia para que el Consejo de Ministros
las remite cuanto antes a Argentina.
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