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Delegaciones del PSOE, el PP y el PA acordaron ayer no dar ningún tipo de «margen de confianza» al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, encabezado por Marisol Yagüe, y no descartar la posibilidad de promover su disolución, tomando como base informes jurídicos que avalen esta salida «excepcional» que solicitarán a la Junta de Andalucía y al Gobierno. La Diputación Permanente del Parlamento se reunirá hoy para decidir si la proposión no de Ley presentada por IU y Grupo Mixto se debata esta semana o quede pospuesta al 4 de septiembre, fecha prevista para la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones.

Tras la reunión de ayer, PSOE, PP y PA coincidieron en expresarle de forma rotunda al nuevo gobierno municipal marbellí que no habrá para él «margen de confianza, punto final, amnistías, fórmulas puente ni vías de negociación», sino que está obligado, como el resto de ayuntamientos andaluces, a someterse a la legalidad vigente, que en materia urbanística pasa por el cumplimiento estricto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.

Esta posición contrasta con la mantenida hasta ahora por los socialistas, que, en las últimas semanas, plantearon la posibilidad de dar un plazo de tiempo para comprobar si el nuevo gobierno marbellí cambiaba su gestión respecto de la del Grupo Independiente Liberal (GIL). Sin embargo, el secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, negó que desde su partido «se haya hablado de dar ningún margen de confianza» al gobierno municipal de Yagüe «porque no tenemos ninguna confianza en él, como no la teníamos en los de Gil o Muñoz».