El Gobierno argentino aseguró ayer que será ahora la justicia de su
país la que resuelva las causas contra represores de la última
dictadura militar, tras la decisión de España de no reclamar su
extradición.
Por su parte, el juez de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral
dijo que espera una «comunicación oficial» sobre la resolución del
Gobierno de Madrid para liberar a los 40 argentinos que permanecen
detenidos a petición del magistrado español Baltasar Garzón.
La novedad proveniente de Madrid fue recibida con preocupación
por las organizaciones argentinas de derechos humanos, que
consideran «incierto» que se pueda enjuiciar en su país a los
acusados de cometer crímenes de lesa humanidad entre 1976 y
1983.
El Gobierno español decidió no tramitar la extradición requerida
por Garzón amparándose en el artículo 11 del acuerdo de extradición
entre España y Argentina.
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