TW
0

La Comisión de Justicia del Senado aprobó ayer la reforma de la Ley de Arbitraje que incluye la enmienda introducida por el Grupo Popular que modificará el Código Penal para que este texto castigue a aquellos que, careciendo de competencias, convoquen o autoricen consultas populares por vía de referéndum. El resto de grupos (PSOE, CiU, Entesa Catalana de Progrés, Coalición Canaria y Mixto) votaron en contra de esta enmienda, que será aprobada definitivamente por la Cámara Alta en el Pleno del próximo día 10.

Por su parte, el Grupo Popular indicó que existen «múltiples» precedentes en el Senado y situaciones idénticas a la actual, en la que se tramita la reforma de una Ley en la que se han introducido enmiendas que no tienen una «congruencia absoluta» con la que es objeto de debate. A su juicio, el actual Código Penal puede dar lugar a diferentes interpretaciones que provocan que, desde instituciones públicas, se subvencione a «grupos terroristas», algo que se pretende evitar con esta reforma.

Todos los grupos de la oposición coincidieron en señalar que los preceptos que se pretenden modificar ya estaban recogidos en el actual Código Penal y que, por tanto, no había necesidad de abordar esta reforma. Además, criticaron el procedimiento seguido por el Gobierno para su tramitación, ya que esta reforma no ha sido previamente debatida en el Congreso de los Diputados y no cuenta con informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, declaró ayer que la fórmula empleada por el Gobierno para reformar el Código Penal con el fin de hacer frente al Plan Ibarretxe supone la «utilización instrumental» del Senado y una «vulneración de múltiples preceptos de la Constitución».