La dimisión, según los citados consejeros, se ha producido como
consecuencia de no haberse celebrado el consejo de administración
de Azkoyen, tal y como habían instado, y «a la vista de la
contestación dada» por el presidente de la sociedad al
requerimiento de información por parte de la CNMV.
Así lo comunicó ayer la sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), que acordó suspender cautelarmente la
cotización de las acciones de la empresa navarra Azkoyen, «por
concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal
desarrollo de las operaciones sobre el valor».
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dirige desde
hace varios meses una investigación a empresarios vascos por el
presunto pago a ETA del llamado «impuesto revolucionario», en el
marco de una causa que se mantiene secreta y que podría contener
las investigaciones a directivos de Azkoyen.
La compañía, con sede en la localidad navarra de Peralta,
asegura que «no consta en las actas la realización de los
desembolsos por los que se han abierto diligencias policiales».
Los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en torno a
estos hechos han llevado a los consejeros Juan Odériz, en
representación del Grupo Corporativo Empresarial Caja Navarra, y
Javier Garde, consejero independiente, a presentar su dimisión con
carácter «irrevocable», tal y como consta en el escrito dirigido a
la CNMV.
Asimismo, mostraron su discrepancia con «la posición del
presidente en relación con la situación derivada de las diligencias
policiales abiertas a ex consejeros de la compañía y al ex director
general de la misma en conexión con la presunta realización de
determinados pagos con cargo a fondos de la sociedad».
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