Los partidos políticos han negado haber convocado aquellas
movilizaciones que el PP denunció ante la Junta Electoral Central
por ilegales. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, remitió
un oficio a los fiscales jefe de todos los tribunales superiores y
audiencias provinciales de España para que remitieran a los
respectivos juzgados de guardia las denuncias recibidas por las
manifestaciones.
Para el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, las
movilizaciones del 13-M fueron pacíficas y dijo que en esa protesta
deberíamos de haber estado todos los demócratas, por lo que anunció
a los jueces que se autoinculpaba y que por tanto había cometido un
delito. Los partidos políticos en Euskadi, excepto los populares,
esperan que todo quede «en agua de borrajas» y el Ministerio Fiscal
archive el caso.
Iturritxa y Rojo prestarán declaración el día 30 por su presunta
participación en el acto de protesta que tuvo lugar en Àlava. Serán
los dos primeros políticos en ser llamados a declarar por las
concentraciones del día anterior a las elecciones generales, en las
que los ciudadanos se concentraron frente a las sedes del PP en
diversas ciudades españolas exigiendo la verdad sobre la autoría de
los atentados del 11-M, y que fueron citados a través Internet y
mensajes de teléfono móvil.
Para Azkarraga las protestas del 13 de marzo fueron «revueltas
ciudadanas democráticas y pacíficas contra la mentira del poder y
en esa protesta debemos estar todos los demócratas», en apoyo de
los manifestantes, en semejantes términos que lo hiciera esta
semana el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, al
reconocer que él también reenvió el mensaje a través de móvil que
llamaba a los ciudadanos a concentrarse frente a las sedes del
PP.
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