El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en
libertad bajo fianza de 20.000 euros a Jesús Marcos Calahorra
Muñoz, jefe de Administración de la empresa de máquinas
expendedoras Azkoyen, a quien acusa de haber pagado en noviembre de
2001 un total de 37 millones de pesetas a miembros de ETA en
concepto de «impuesto revolucionario».
Según consta en el auto, Calahorra, quien recibió 6.000 euros
por esta gestión, actuó por orden del Consejo de Administración de
la entidad navarra. Por ello, el juez afirma en la resolución que
«sin perjuicio de la responsabilidad en la que han podido incurrir
los miembros del Consejo», Calahorra pudo cometer un delito de
allegamiento de fondos a organización terrorista.
El juez ha dado 72 horas de plazo a Calahorra para que haga
efectiva la fianza y así pueda eludir la prisión.
El juez le imputa este delito «por cuanto Jesús Marcos Calahorra
Muñoz, cumpliendo una orden del Consejo de Administración de
Azkoyen Comercial S.A., hoy C.H.C, Hispano Lusa, manifiestamente
ilegal, en el sentido de que se refería a la distracción de fondos
de la entidad para un fin ilícito, registrando la partida
contablemente con lo cual quedaba oculta la verdadera finalidad,
hizo entrega de 37 millones en noviembre de 2001, consciente del
destino de los mismos y sin que exista una situación que le
compeliera a obedecer una orden de aquel tipo».
El auto explica que «en septiembre de 2001 se intervino una
comunicación interna de ETA dirigida a Otsagi, responsable del
aparato militar de ETA, encargado del cobro y gestión de las
extorsiones conocidas como 'impuesto revolucionario', en el que se
hacía referencia a la satisfacción por Azkoyen de 'la deuda que
tenían con nosotros'».
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