El Consejo de Ministros puso ayer la primera piedra de la ley
integral contra la violencia de género, una ley que se asentará
sobre las medidas preventivas, el apoyo a las víctimas y el castigo
al maltratador.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales explicó que la ley recoge
medidas en el ámbito de la prevención, protección, recuperación y
sanción. En el orden preventivo que, a su juicio, es el más
importante, destacó la incorporación al currículum escolar de una
asignatura que se llamará «Ética e igualdad entre hombres y
mujeres», así como la regulación de un sistema que permita la
retirada de anuncios publicitarios que utilizan «ilícitamente» el
cuerpo de la mujer.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
aseguró ayer que antes de verano llegará al Congreso el
anteproyecto de una ley que persigue, entre otros puntos, que el
conjunto de fuerzas de seguridad, incluyendo los policías locales,
se implique en el cumplimiento efectivo de la orden de protección
contra la violencia de género.
La portavoz y vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa
Fernández de la Vega, aseguró en su comparecencia tras el Consejo
de Ministros que la ley integral contra la violencia doméstica es
otro ejemplo de que «lo que se dice, se hace».
También destacó la protección y apoyo a las víctimas desde los
servicios de atención inmediata y de información, hasta los centros
de emergencia en los que pueden ser atendidas las mujeres y sus
hijos y hasta los centros de recuperación integral. A su vez,
afirmó que las víctimas deben tener apoyo público y ayudas
suficientes ligadas a la búsqueda de una formación que permita
orientar la vida y romper las cadenas de la dependencia. «Uniremos
ayudas económicas con formación para el empleo», dijo.
Para ello, adelantó modificaciones en las relaciones laborales,
también en la Ley de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos. Otras
medidas en este ámbito se dirigirán a favorecer el acceso de las
víctimas a las viviendas de protección oficial y mejorar el acceso
de bonificación a la Seguridad Social por contratos indefinidos a
víctimas de esta violencia.
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