La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales
(AF) se pronunciaron ayer sobre la propuesta lanzada por el
Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de que los
fiscales se hagan cargo de las investigaciones en detrimento de los
jueces de instrucción. Estas asociaciones entienden que es «una
decisión política y se aceptará, pero previamente hay que hacer
garantizar la independencia y la necesidad de dotar al ministerio
fiscal de todos los efectivos necesarios», al considerar que los
existentes en la actualidad no posibilitan el ejercicio de esta
nueva función.
Por parte de la UPF, su portavoz, Juan Antonio García-Jabaloy,
indicó que las seiscientas nuevas plazas de fiscales prometidas por
el Gobierno socialista no son suficientes para encarar la nueva
tarea.
A pesar de la «buena disposición» que consideran tiene el
Ejecutivo, UPF consideró que las últimas reformas en materia de
Justicia, como la implantación de los juicios rápidos, hacen
necesarios 321 nuevas plazas y que las casi trescientas restantes
no aseguran que los fiscales puedan encarar la instrucción con
«todas las garantías».
Fernando Sobrón, portavoz de AF, enumeró más medios materiales,
cambiar el estatuto del fiscal y mayores garantías de imparcialidad
que afectasen a todos, incluido el Fiscal General del Estado.
Sobrón optó porque los fiscales no pierdan la estructura jerárquica
recogida en la Constitución, pero reclamó otras medidas que
garanticen la imparcialidad en las decisiones, a la que obliga el
artículo 124, que también recoge los principios de legalidad y
unidad de criterio.
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