El Gobierno no retrasará la fecha prevista para aprobar la ley
integral contra la violencia doméstica, el 25 de junio, y reiteró
al Consejo General Poder Judicial (CGPJ) que emita su informe por
vía de urgencia, mientras que desde este órgano se ha vuelto a
pedir más tiempo y se afirma que éste no estará en el plazo inicial
de 15 días.
Pidió asimismo al CGPJ «diligencia; han pedido más plazo: igual que
hemos trabajado con extraordinaria urgencia en el Gobierno, y
también las asociaciones de mujeres han cooperado mucho, le pido al
resto de los organismos que tienen que informar este texto la
diligencia necesaria, porque en quince días creemos que se puede
conceder el informe».
Las discrepancias entre Gobierno y el CGPJ prosiguieron ayer
respecto a los plazos previstos para el informe preceptivo de los
jueces respecto a la ley. El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, manifestó en los pasillos del Senado que
se aceptarán sugerencias razonables en torno al anteproyecto de ley
sobre violencia doméstica, pero «no habrá una paralización de los
plazos, el 25 de junio se aprobará el proyecto de ley».
Caldera defendió la constitucionalidad del texto, que «se funda
en una discriminación positiva a favor de la mujer que es la que
sufre la violencia. Para ello se necesita una ley que reúne
aspectos jurídicos, educativos, de valores, contra la publicidad
vejatoria, sociales, laborales ... una ley integral».
Según Caldera, la iniciativa «es perfectamente constitucional,
las grandes líneas inspiradoras del mismo son correctas, es una ley
hecha para discriminar positivamente la grave situación de
violencia que padecen hoy algunas mujeres en España».
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