La Agencia de Protección de Datos (APD) cuestiona que la Comisión
de Investigación del 11-M, abierta en el Congreso de los Diputados,
pueda exigir la identidad de quienes enviaron los mensajes de móvil
convocando manifestaciones en la jornada de reflexión de las
elecciones generales del 14 de marzo pasado.
Mientras, y en referencia a los atentados del 11-M, El español
Antonio Iván Reiss Palacio, detenido el pasado jueves en la isla de
Gran Canaria y supuestamente vinculado a la trama que facilitó los
explosivos al grupo que perpetró los atentados en Madrid, prestará
declaración hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del
Olmo.
El director general de la APD, José Luis Piñar, explicó que se
trata de una cuestión «extremadamente compleja» desde el punto de
vista jurídico. Se tendrá que conjugar la interpretación del
Reglamento del Congreso y de las comisiones de investigación con la
normativa sobre protección de datos (que protege la identidad de
los titulares de las llamadas) y la referida al secreto de las
telecomunicaciones (que declara reservado el contenido de las
conversaciones y/o mensajes).
En lo que se refiere a la Ley de Protección de Datos, Piñar
explicó que protege «exclusivamente» a personas físicas y que no lo
hace con personas jurídicas, como los partidos políticos. Los
partidos políticos no reaccionaron ayer a las declaraciones del
director general de la APD, que puede frenar la investigación que
parece más preocupa al Partido Popular.
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