El fiscal Pedro Rubira defendió ayer la competencia de la Audiencia
Nacional para investigar el accidente del avión Yakolev 42 en
Turquía y las presuntas irregularidades en la identificación de los
cuerpos de los 62 militares españoles fallecidos, siguiendo las
instrucciones del fiscal general del Estado.
Así lo expuso en la vista del recurso de los familiares de las
víctimas contra el archivo de las querellas que presentaron ante la
juez Teresa Palacios, aunque destacó una serie de «obstáculos que
habría que remover para que la investigación llegue a buen término»
como la posible coincidencia de la investigación española con la
abierta en Turquía y que los delitos denunciados se hayan cometido
en el extranjero.
De no aceptar el tribunal la competencia de la Audiencia
Nacional, Rubira pidió que en su resolución recomiende al Gobierno
acometer una reforma legislativa para recoger el principio de
personalidad pasiva, que permitiría a la justicia española
investigar posibles delitos cometidos contra sus nacionales en el
extranjero, tal y como ocurre en países como Francia y Bélgica.
Hasta este momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se
había opuesto a que este tribunal se declarara competente para
investigar lo sucedido, pero, tras recibir el pasado viernes un
oficio del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido,
ordenando que respaldara la petición de las familias de las
víctimas, se ha visto obligada a cambiar de criterio.
El propio Rubira comenzó su alegato advirtiendo del cambio de
postura en virtud de «una orden de la Fiscalía General del Estado,
interesando apoyar la apelación» de las familias contra el archivo
de las denuncias, aunque, acto seguido, comenzó a enumerar una
serie de obstáculos y objeciones que, a su juicio, impedirían
declarar la competencia de la Audiencia Nacional para investigar lo
ocurrido.
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