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El Tribunal de Cuentas destaca, en su informe fiscalizador sobre subvenciones gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en 2001, que «en la recaudación y aplicación de las donaciones para los damnificados por los terremotos sufridos por El Salvador en los meses de enero y febrero de 2001 se produjo la inobservancia de ciertos trámites formales establecidos en la normativa reguladora de la gestión de los fondos públicos, más allá de lo que autorizaban las circunstancias de emergencia y urgencia concurrentes en la situación».

Las transferencias de los fondos a El Salvador se realizaron sin pasar por la cuenta de la AECI en el Banco de España y sin registrar los ingresos y pagos ni tramitar los correspondientes expedientes de gasto hasta diciembre de 2001.

La cuenta bancaria en la que se recaudaron los fondos fue abierta en enero de 2001 por el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Miguel Angel Cortés) sin autorización de la Dirección General del Tesoro y sin suscribir el preceptivo contrato de apertura, además de que no quedaron determinadas hasta diciembre de 2001 la titularidad de la cuenta, ni hasta febrero de 2002 las personas autorizadas para disponer de los fondos.

La cuenta abierta en El Salvador por el embajador de España a la que se transmitieron fondos carecía de autorización de del Tesoro, y la disposición de fondos se hacía con una sola firma. La asignación de los fondos para financiar los proyectos subvencionados, se realizó sin formalizar el acuerdo de concesión de las ayudas económicas. Ni la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional ni la AECI efectuaron control alguno de las operaciones realizadas a través de la cuenta bancaria en la que se recaudaron las donaciones, a pesar de los numerosos cargos registrados en la misma. Como resultado de los trabajos de fiscalización, se detectaron cargos indebidos, y no quedó acredita la procedencia de 456 cargos por importe de 180.628 euros.