Los atentados del 11 de marzo, la violencia doméstica y la
Constitución europea coparon el grueso de los discursos del fiscal
del Estado y del presidente del Tribunal Supremo en el solemne acto
de apertura del año judicial presidido ayer por el Rey. La sede del
Tribunal Supremo acogió ayer el tradicional acto de apertura de los
tribunales, al que acudieron una amplia representación del mundo de
la política y de la justicia.
El fiscal general afirmó que la «terrible amenaza» del terrorismo
islamista, obligará «a mejorar nuestros mecanismos internos de
defensa y a reforzar la cooperación supranacional», y advirtió de
que «las lecciones que estamos aprendiendo de la investigación
judicial y parlamentaria -sobre el 11-M- deben servir para
conseguir que este horror no pueda repetirse jamás».
El acto comenzó con la intervención del fiscal general del
Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien garantizó que el Ministerio
Público que dirige «no escatimará esfuerzos» para que en el plazo
más breve sean juzgados y condenados los autores del 11-M,
«reparando en lo humanamente posible los perjuicios sufridos por
las víctimas».
Conde-Pumpido, que también presentó la Memoria de la Fiscalía de
2003, centró su discurso en la necesidad de reforzar los mecanismos
de actuación contra el terrorismo, la criminalidad organizada, la
violencia doméstica y la inseguridad laboral.
Se refirió al problema de la violencia doméstica, que, dijo,
«hay que erradicar de nuestra sociedad», y valoró la implantación
de la orden de protección a las víctimas y la creación de la figura
del fiscal delegado.
Estimó que el aumento en un 21,7% en el número de procedimientos
penales abiertos por este motivo durante 2003 es consecuencia de la
actuación de los poderes públicos, que ha permitido que las
víctimas estén perdiendo «el miedo a denunciar».
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