La Guardia Civil controló la casa de la localidad madrileña de
Morata de Tajuña, en la que se confeccionaron los artefactos
explosivos utilizados en los atentados del 11-M, hasta el día
anterior a la comisión de los mismos, y llegó a la conclusión de
que la finca estaba ocupada por trabajadores ilegales.
Así lo revela un informe del instituto armado entregado ayer por
el Gobierno a la comisión parlamentaria de investigación del 11-M,
en el que se asegura que la vigilancia de la citada vivienda se
inició el 7 de marzo, después de recibir la llamada de una vecina a
la que la presencia de varios individuos de origen árabe había
causado sospechas.
Varios guardias civiles estuvieron controlando el lugar entre
los días 7 y 10 de marzo, «no observando nada anómalo» en la
conducta de las tres o cuatro personas de origen magrebí detectadas
en la casa, llegando a la conclusión en esta última fecha de que
«pudiera tratarse de trabajadores de manera ilegal».
Este informe -forma parte de los nueve documentos que el
Gobierno estaba preparando además de los 25 anunciados y entregados
ayer en el Congreso- señala que, en la mañana del 7 de marzo, una
mujer llamó a la Guardia Civil y manifestó que en una propiedad
próxima a la suya «ha observado durante largo periodo de tiempo un
numeroso grupo de personas de origen árabe que pasaba por dicha
finca», y que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001
«dejó de ser visitada».
La mujer continuó diciendo que, en las últimas fechas, la casa
volvía a ser frecuentada «por individuos de origen árabe,
causándole sospechas esta forma de proceder».
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