La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó
ayer por unanimidad de todos los partidos interponer ante los
tribunales económicos administrativos una reclamación por
responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el
incumplimiento del acuerdo de compensación derivado de la supresión
del Impacto de Actividades Económicas (IAE).
Con este recurso, los ayuntamientos manifiestan su «profundo
descontento» y su «desengaño por las promesas incumplidas» tras las
sucesivas negociaciones mantenidas con el Ministerio de Economía y
Hacienda, y toda vez que el proceso de enmiendas a los Presupuestos
de 2005, vía que la Federación quería aprovechar para conseguir
ayudas compensatorias y descongelación de fondos, ha quedado
culminado tras prosperar el lunes el veto del Senado.
El anuncio de la reclamación, que quedará formalizada en enero,
fue realizado por el presidente de la FEMP, Francisco Vázquez, y
por su vicepresidenta primera, Rosa Aguilar, tras reunirse la
Comisión Ejecutiva y el Consejo Federal, máximos órganos de
decisión del organismo. Vázquez expresó el «profundo descontento» y
el «desengaño» de los ayuntamientos españoles por las «promesas
incumplidas» a este respecto.
Según denunció, después que la Federación haya mantenido
continuas conversaciones con Hacienda para solventar esta cuestión
en los PGE, este departamento no ha dado ninguna respuesta a las
peticiones manifestadas ni se han admitido las enmiendas que
algunos grupos, a instancias de la FEMP, registraron en Congreso y
Senado.
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