Tras una reunión de casi ocho horas, el comité aprobó con los votos
a favor de 14 de sus 17 integrantes (todos menos los designados por
la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento y la Universidad de
Salamanca, que se abstuvieron), un informe que considera «justas y
legítimas» las razones que avalan la devolución de los fondos
documentales de la Generalitat actualmente identificados como tales
en ese archivo.
El ex director general de la UNESCO y presidente de la Fundación
Cultura de la Paz, Federico Mayor Zaragoza, que actuó como
portavoz, dio cuenta del contenido del texto, en el que se señala
que tanto en el caso de Catalunya como en otros que puedan
producirse debe exigirse que se dejen copias auténticas en
Salamanca y se garantice la conservación y la plena accesibilidad
de los originales. El informe, que no es vinculante, ha sido ya
elevado al Ministerio de Cultura, que aseguró en un comunicado que
lo estudiará «como pieza fundamental de su decisión».
Para el comité, los principios que deben guiar la resolución del
conflicto son la condena de las incautaciones de documentos con
finalidad represiva y el derecho a la reparación del atropello.
Mayor Zaragoza precisó que la parte de la documentación que reclama
la Generalitat está perfectamente identificada» y separada en 507
cajas de las 20.000 que tiene el archivo, si bien añadió que con
otros documentos que, previsiblemente, también serán reclamados por
personas privadas, sindicatos, partidos políticos y otras
instituciones «no va a ser nada fácil».
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