Juan Carlos Rodríguez Ibarra afirma que si se convocara un referéndum sería ilegal.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra afirma que si se convocara un referéndum sería ilegal.

OTR PressMadrid08/01/05 0:00
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Los presidentes autonómicos no se están quedando ni mucho menos quietos tras la aprobación del Plan Ibarretxe. Aunque de momento no se plantea la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, siguen surgiendo ideas y propuestas. Tanto el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, como el de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hablaron ayer de la suspensión de competencias e incluso de la autonomía si el lehendakari, Juan José Ibarretxe, sigue adelante.

Al margen del claro y explícito rechazo al Plan Ibarretxe de los dos presidentes autonómicos, sus comparecencias estuvieron llenas de sugerencias para hacer frente al proyecto soberanista. Fraga cree que la admisión a trámite en el Congreso del Plan es «opinable», aunque explicó que dada su «clara inconstitucionalidad» podría ser innecesaria esa tramitación. En todo caso, abogó por esperar a conocer los resultados de la reunión que mantendrá Ibarretxe con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ibarra incluso propuso que PSOE y PP unan sus votos en Navarra y Àlava para que estos dos territorios queden excluidos de los planes soberanistas de Ibarretxe.

Fraga, según explicó tras la reunión del Consello de la Xunta, explicó que «puede llegar a ser imposible» que se siga ignorando la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que recoge la suspensión de la autonomía, si Ibarretxe sigue adelante con sus planes. Este recurso, dijo, ya lo empleó Alejandro Lerroux, «que no era un político autoritario», en 1934 en Cataluña.

Ibarra no habló del artículo 155, pero sí de medidas en esa línea. «Si usted quiere hacer un referéndum ilegal, yo tengo que impedirlo. Como las fuerzas y cuerpos de seguridad vascas dependen del lehendakari y el lehendakari es quien quiere incumplir la ley, no tengo ninguna confianza en que no utilice las fuerzas a su cargo para hacer que la Ley se incumpla, y por lo tanto una primera consecuencia sería quitar las competencias en seguridad al Gobierno vasco», explicó. Y esto, añadió, debería poder hacerse «con total normalidad».