El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley para
garantizar la asistencia sanitaria y elevar las pensiones de 603
«niños de la guerra», muchos de los cuales, sobre todo los que
viven en los países de la extinta URSS, pasarán de cobrar 1.400
euros anuales a percibir 6.090 euros.
Son personas que han tenido que acogerse a pensiones asistenciales
por ancianidad a favor de emigrantes españoles y a pensiones de
jubilación no contributivas de la Seguridad Social, y que ahora
tendrán garantizados con esta norma unos ingresos equivalentes a la
cuantía de la pensión contributiva por jubilación para mayores de
65 años sin cónyuge a cargo, que en 2005 es de 6.090 euros al año.
Según explicó tras la reunión del Consejo la vicepresidenta
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de al Vega, el
objetivo de esta medida es reconocer «la deuda histórica de España»
con unos compatriotas que tuvieron que huir del país durante la
Guerra Civil siendo menores de edad y hacerles «partícipes de una
España más plural, que sigue siendo su casa».
El proyecto, que el Gobierno remitió ayer al Parlamento para que
se tramite por el procedimiento de urgencia, tendrá un coste anual
de cerca de 3,2 millones de euros y beneficiará a 543 residentes en
el extranjero -237 en Rusia, 5 en Georgia, 33 en Ucrania, 63 en
Chile, 127 en México y 78 en Venezuela- y a 60 «niños de la guerra»
que residen actualmente en España.
Según explicó Fernández de la Vega, se establecen también en el
proyecto los mecanismos necesarios para asegurar la asistencia
sanitaria a estas personas en los países en los que no existe o en
los que la atención es insuficiente. La vicepresidenta mostró su
respaldo a todas las medidas aprobadas por los gobiernos
anteriores, pero consideró que no han sido suficientes y que era
«de justicia» incrementar las compensaciones a este colectivo.
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