Un juez ordena la detención de dos acusados en el macrojuicio contra Jarrai

La vista, en la que debían declarar 35 responsables de tres organizaciones, aplazada hasta el viernes

| Madrid |

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Nunca vista

El juicio a los 35 miembros de las organizaciones juveniles radicales Jarrai-Haika-Segi, que ayer estaba previsto diera comienzo en la Audiencia Nacional, estuvo marcado por la incomparecencia de dos de los acusados, Asier Tapia e Izaskun Lesaka, y por defectos en la resolución de los últimos recursos de las defensas, lo que provocó el aplazamiento de la vista al viernes.

El inicio de la primera sesión del juicio comenzó con un retraso de dos horas por problemas en la conducción de los 23 procesados que se encuentran en prisión preventiva, debido al mal estado de las carreteras a causa de la lluvia y la nieve.

Una vez que los procesados, que están en prisión, llegaron a la Audiencia Nacional, fueron introducidos en la sala blindada donde se juzga a los acusados de delitos de terrorismo y allí se desprendieron de sus jerseys para dejar al descubierto la misma camiseta roja que todos ellos llevaban y en la que se podía leer en euskera: «En defensa de los derechos políticos y civiles. Jóvenes Adelante». Los otros diez jóvenes que se encuentran en libertad provisional ocuparon los asientos situados fuera de la sala blindada y lucieron también la misma camiseta, salvo una de ellas que vestía camisa blanca.

Tras pasar lista a los acusados, el tribunal comprobó que dos de ellos, Asier Tapia e Izaskun Lesaka, no habían comparecido, por lo que el fiscal Enrique Molina solicitó que se decretara orden de busca y captura contra ellos.

Asier Tapia se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros desde octubre de 2001 y, en sus conclusiones provisionales, el fiscal pide para él 111 años y 10 meses de cárcel por integración en banda armada y varios delitos de daños e incendios terroristas, mientras que para Izaskun Lesaka el fiscal solicita 14 años de cárcel por pertenencia a ETA. Además, Molina reclama a Tapia la responsabilidad civil por los daños causados a raíz de unas graves declaraciones realizadas en marzo de 2001.

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