La Audiencia Provincial de Madrid inició ayer la repetición del
juicio por el caso de las escuchas ilegales telefónicas con el ex
jefe de operaciones del CESID Juan Alberto Perote como único
acusado en el banquillo después de que las acusaciones particulares
y populares se retiraran de la causa.
Además, solicitó la nulidad de las actuaciones por estimar que no
hubo acuerdo del Consejo de Ministros previo a la desclasificación
de documentos secretos y alegó la prescripción del delito sobre uno
de los hechos alegados por el Ministerio Público, cuya
representante se opuso a todas estas cuestiones previas.
La fiscal del caso mantiene su acusación contra Perote, único de
los procesados contra el que la ha ejercido, y pide para él cinco
meses de arresto mayor y nueve años de inhabilitación mientras que
el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano y cinco técnicos de
este Centro ya no serán juzgados al desistir las acusaciones. La
repetición de este juicio fue ordenada por el Tribunal
Constitucional el 29 de marzo de 2004 para que los siete acusados
fueran juzgados por magistrados que no tuvieran «comprometida su
imparcialidad».
El TC declaró vulnerado el derecho a la imparcialidad judicial
en el juicio que en 1999 condenó a seis meses de arresto y ocho
años de inhabilitación a Manglano y Perote y a cuatro meses de
arresto y seis años de inhabilitación a cinco técnicos del Centro
Superior de Investigación de la Defensa (CESID).
La Sala Segunda del TC estimó parcialmente el recurso presentado
por los condenados por un delito continuado de interceptación de
escuchas telefónicas, por lo que anuló la sentencia de la Audiencia
Provincial y la del Supremo que confirmaba la anterior. Durante la
sesión de ayer, en la que se abordaron las cuestiones previas al
comienzo del juicio, el abogado de Perote, Jesús Santaella, pidió
el archivo de la causa por considerar que de los escritos
presentados por las acusaciones en las que notifican su retirada de
la causa «se desprende que han recibido las satisfacciones
oportunas, lo que equivale al perdón».
Así, la fiscal dijo que «hoy por hoy nadie ha perdonado a nadie
ya que hay personas afectadas a las que nadie ha preguntado si
perdonan o no perdonan» y explicó que, aunque se han retirado las
acusaciones particulares y populares, se trata de un delito
perseguible de oficio.
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