El PP ya ha solicitado la actuación del Gobierno y de la
Fiscalía General del Estado, pero desde el Ejecutivo se apela a la
tranquilidad. El ministro del Interior, José Antonio Alonso,
aseguró que se aplicará con normalidad la Ley de Partidos para
evitar que Batasuna pueda presentarse a los comicios.
Joseba Permach y Rakel Peña, dirigentes de la ilegalizada
Batasuna, presentaron ayer las iniciativas de la formación
abertzale para estar presentes en las elecciones vascas. Lo más
novedoso es que pretenden que sean los ciudadanos quienes financien
la campaña de Batasuna, mediante la emisión de bonos de 30 euros.
«La ilegalización tiene graves costes económicos», dijo Permach,
que se mostró convencido de que contarán «con el apoyo de miles y
miles de personas para hacer frente a esta campaña». En ella, el
lema escogido por la formación ilegal es 'Por encima de los
obstáculos, Batasuna ahora'. Permach también adelantó que antes del
próximo 14 de marzo, fecha en la que acaba el plazo legal para
presentar candidaturas, se harán públicos los nombres de las listas
que encabezarán Arnaldo Otegi por Guipúzcoa, Jone Goirizelaia por
Vizcaya y la propia Rakel Peña por Alava.
Las pretensiones de Batasuna, en todo caso, se encontrarán de
frente con la Ley y con la actuación del Gobierno y de la Fiscalía
General del Estado. «El Gobierno, como ya ha dicho reiteradamente,
aplicará la Ley de Partidos, con toda la normalidad y con toda la
tranquilidad que es propia de una legislación democrática. Las
cosas funcionarán como tienen que funcionar con arreglo a la Ley.
No hay nada más que añadir», explicó el ministro del Interior, José
Antonio Alonso. López Aguilar, titular de Justicia, también dijo
estar tranquilo porque la formación abertzale no podrá presentar,
ni bajo la denominación de Batasuna ni «con ninguna otra con la que
quiera disfrazarse». El Gobierno, dijo, «tiene total determinación
a actuar» si finalmente los de Otegi presentan listas. «Se va a
hacer todo lo posible para que Batasuna no esté presente en
procesos electorales, porque no es una organización legal».
«Mientras exista la amenaza del terror, anuncios de esta
naturaleza pueden interpretarse como una nueva modalidad del mal
llamado impuesto revolucionario», dijo el secretario de Justicia e
Interior, Ignacio Astarloa.
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