EfeMadrid10/03/05 0:00
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En una entrevista concedida ayer a varios medios de comunicación en su despacho en la sede de este tribunal, la fiscal de la Audiencia Nacional señala que la investigación ha determinado que los autores del 11-M, que el 2 de abril habían colocado un artefacto explosivo en la vía del AVE Madrid-Sevilla, tenían previsto perpetrar nuevos atentados a partir del día 4 de ese mes. Entre sus objetivos figuraban una finca de recreo de la Comunidad de Madrid frecuentada por familias judías, una hospedería judía en Avila y un colegio infantil británico ubicado en la urbanización de La Moraleja de la localidad madrileña de Alcobendas.

Preguntada por la fecha en la que los acusados podrían sentarse en el banquillo, Olga Sánchez dice que «a mí me gustaría poder empezar el juicio para la próxima primavera», aunque advierte de lo aventurado de dar una fecha. «El objetivo de la investigación es llegar hasta el final de la ideación, la preparación y la ejecución de los atentados», afirma la representante del ministerio público, que añade que todos los indicios conducen al terrorismo islamista como ejecutor del 11-M.

Fue la labor de las Fuerzas de Seguridad la que impidió que esos proyectos se convirtieran en realidad, concluye la fiscal, quien se muestra convencida de que los autores del 11-M no tenían el suicidio entre sus planes inmediatos, lo que -a su juicio- se ve corroborado por el hecho de que los restos de uno de los islamistas fallecidos en Leganés aparecieran debajo de una cama, donde se había ocultado.

En este sentido, recuerda que ha solicitado en dos ocasiones a la Policía que le informe de posibles conexiones entre ETA y los islamistas, tanto dentro como fuera de las prisiones, y asegura que «al día de hoy, no existe absolutamente ningún dato de esa relación». Sobre quienes insisten que sigue habiendo «puntos oscuros» en la investigación de la trama que llevó al 11-M, Sánchez manifiesta que tanto ella como Del Olmo «somos un instrumento de la Justicia y nos debemos a la investigación», pero agrega que «si alguien cree saber determinados aspectos su obligación es ponerlo en conocimiento del juez y del fiscal».