El presidente del Santander, Emilio Botín, ha sido absuelto por la
Audiencia Nacional del delito societario de que se le acusaba por
las indemnizacciones millonarias que recibieron el ex copresidente,
José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Àngel
Corcóstegui, al abandonar la entidad en 2001 y 2002. La sentencia,
publicada ayer, ordena además devolver a Botín los avales bancarios
que tuvo que depositar para hacer frente a eventuales
responsabilidades civiles. La Audiencia sigue así las
recomendaciones del fiscal que siempre pidió el sobreseimiento de
la causa o la absolución para los tres banqueros.
Para Botín se pedía una pena máxima de 12 o de 6 años de prisión,
dependiendo de si los hechos se calificaban como apropiación
indebida o administración desleal (delito societario), ya que las
acusaciones particulares plantearon ambas posibilidades. Para
Amusátegui y Corcóstegui se solicitaban 8 o 4 años de cárcel por el
mismo motivo, además de multas millonarias para todos ellos y su
inhabilitación para ejercer como administradores.
Botín siempre dijo que confiaba en la justicia y se mostró
seguro de que el caso de las jubilaciones no iba a afectar a la
imagen del banco. Ayer su confianza se vio confirmada. La Sección
Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha absuelto junto
con Amusátegui y Corcóstegui del delito societario por el que
fueron juzgados en relación con las indemnizaciones de 56 y 108
millones de euros cobradas por los dos últimos al salir del
Santander Central Hispano de cuya fusión habían sido artífices.
La sentencia ordena también la devolución a Botín de dos avales
bancarios por valor de 56,09 millones y 108,18 millones de euros,
emitidos por La Caixa, que tuvo que depositar el 11 de mayo de 2004
ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 para hacer frente a
las responsabilidades civiles que podían derivarse del proceso. El
tribunal ha resuelto en coincidencia con el criterio de la
Fiscalía, que solicitó la absolución de los tres procesados por
considerar que los hechos denunciados carecían de relevancia penal.
Los acusados sólo se enfrentaban a las peticiones de prisión de las
dos acusaciones particulares, en representación del ex consejero de
Banesto Rafael Pérez Escolar (colaborador de Mario Conde y
condenado en el 'caso Banesto') y del accionista minoritario Franco
Otegi.
El juicio comenzó el pasado 26 de enero en medio de una gran
expectación por ver a Botín y a los otros ex responsables del
primer banco español en el banquillo y se prolongó hasta el 18 de
febrero. La vista oral se vio precedida de algunos incidentes
procesales, como la sustitución de la presidencia del tribunal, que
en principio iba a ejercer el propio presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, tras aceptarse la
recusación presentada contra este magistrado por una de las
acusaciones. Según las conclusiones exculpatorias, las cantidades
millonarias cobradas por Amusátegui y Corcóstegui en concepto de
indemnización al abandonar la entidad carecen de consecuencias
penales, ya que quedan amparadas en el artículo 37 de los Estatutos
del SCH, que regula la retribución de los miembros del consejo de
administración.
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