Este traslado «no es una polémica, sino una justicia que hay que
hacer con algunos ciudadanos de este país», añadió. Tras la reunión
que mantuvieron el pasado día 7 Carmen Calvo y la consejera de
Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, se hizo pública la
decisión de que el Gobierno llevaría al Consejo de Ministros del
próximo 22 de abril el anteproyecto de ley para la devolución a la
Generalitat de los denominados «papeles» de Salamanca.
Calvo hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente
de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en el Palacio de
Fuensalida de Toledo y antes de visitar la iglesia de San Juan de
los Reyes donde su departamento lleva a cabo obras de
rehabilitación.
Los documentos que reclama Cataluña, según la ministra, «no
tienen nada que ver con Salamanca, ni con Castilla y León, ni con
la Guerra Civil, son los documentos de debate de la Generalitat y
algunos documentos privados, entre los cuales hay cartas de amor de
alguien que le dice a su mujer «soy comunista y cuando vuelva me
casaré contigo» y que sirvió para que le fusilaran, y ahora sus
familiares los reclaman.
Este anuncio provocó «indignación» en la Junta de Castilla y
León, porque el día 22 es la víspera del día de la comunidad y la
comunicación la hizo el Gobierno catalán, comunidad que también
celebra el día 23 su festividad. Representantes del Ministerio de
Cultura y de la Generalitat ultimaron el anteproyecto, que
finalmente adelantará su paso por el Consejo de Ministros a la
reunión de hoy viernes.
A preguntas de los periodistas, la ministra indicó que «no hay
polémica, hay discrepancias en una decisión del Gobierno, como es
lógico en democracia, donde todo el mundo tiene derecho a opinar».
Calvo explicó que se trata de una decisión que se ha tomado a
instancias de una resolución del Congreso que instó al Gobierno de
la nación a actuar sobre algo que «lleva pidiéndose 24 años».
Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de la
Generalitat, Pasqual Maragall, de viaje en Turquía, afirmó que le
parece «positivo» el anuncio y ha declinado valorar otros aspectos
de la coyuntura política catalana.
El Grupo Parlamentario del Partido Popular, por su parte,
solicitó ayer la paralización del proyecto de ley sobre la
reclamación de devolución a la Generalitat de Cataluña de los
documentos depositados en el Archivo General de la Guerra Civil de
Salamanca, a través de varias iniciativas de carácter
parlamentario.
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