El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer la remisión a
las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la restitución a la
Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de
la Guerra Civil y que en la actualidad se encuentran custodiados en
el Archivo de Salamanca.
Por su parte el PP anunció su intención de presentar una enmienda a
la totalidad de este proyecto de ley, según afirmó su portavoz en
el Congreso, Eduardo Zaplana.
El Gobierno anunció que además de hacerlo a la Generalitat,
restituirá documentos institucionales a particulares de toda España
-excepto Cataluña- que acrediten su titularidad en todas las
Comunidades Autónomas, no así a los Ayuntamientos, y lo hará
efectivo dentro de tres meses.
Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros, la decisión de no incluir a los ayuntamientos
en estas devoluciones alegando al dictamen elaborado por el Comité
de Expertos, «que recomendaba una ponderación entre los valores
simbólicos de la restitución a los Ayuntamientos y el hecho de
mantener la unidad del Archivo». De la Vega precisó que se
establecerá un procedimiento de entrega tanto para los particulares
de cualquier territorio, que no sea el de la Generalitat, como a
través de una comisión mixta (Gobierno-Generalitat) para los
particulares que pertenecen a la Comunidad de Cataluña que se
llevará a cabo dentro de tres meses.
La vicepresidenta afirmó que estas medidas no atentan contra los
interés de nadie y únicamente suponen el «restablecimiento de
situación ilegítima». Y anunció que en el plazo de un año, desde la
entrada en vigor de la Ley, se creará y pondrá en funcionamiento un
Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca,
en el que se integrarán los fondos del actual Archivo General de la
Guerra Civil Española, y que tendrá gestión y titularidad
estatal.
Desde el PP no se ha perdido el tiempo para criticar esta medida
y se ha anunciado que presentarán «de inmediato» una enmienda a la
totalidad al proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de
Ministros, según afirmó en rueda de prensa el portavoz popular en
el Congreso Eduardo Zaplana. Los populares consideran que mantener
la unidad del Archivo de Salamanca es «fundamental para preservar
la memoria histórica del país».
Zaplana aseguró que desde su grupo se hará «todo lo que esté en
su mano o a su alcance para que no culmine el chantaje de ERC al
PSOE», y acusó al Gobierno de llevar a cabo una política de
desmembrar lo común «que no se lleva a cabo en ningún lugar del
mundo».
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