El presidente del PP, Mariano Rajoy, condicionó ayer la presencia
de su partido en una reunión del Pacto Antiterrorista a que el
Gobierno acuda a los tribunales para promover la ilegalización del
Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK). El portavoz
del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró esta
petición como una «imposición» que niega «la esencia misma» del
Pacto ya que uno de sus fundamentos es la renuncia por parte de los
dos partidos a utilizar el terrorismo en la confrontación
política.
Fernández de la Vega precisaba que los portavoces parlamentarios
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del PP, Eduardo Zaplana,
habían analizado ayer este asunto a falta de acordar la fecha de la
reunión. Estas declaraciones sorprendieron a Rajoy, que mandó una
carta Rodríguez Zapatero. En ella, el líder del PP reclamaba al
presidente del Gobierno que acuda a los tribunales para impedir que
«los representantes de los terroristas» entren en el Parlamento
vasco.
La exigencia de Rajoy, que plasmó por escrito en una carta
dirigida al jefe del Ejecutivo, fue contestada por el ministro de
Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al recomendar al PP que
«refrene su tentación» de hacer del Pacto Antiterrorista un
«territorio de confrontación». Ayer por la mañana, la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, había informado tras la reunión del Consejo de Ministros de
que el PSOE y el PP mantenían contactos para acordar la fecha y el
orden del día de una próxima reunión del Pacto Antiterrorista.
Las palabras de Rajoy encontraron en la respuesta del ministro
de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el reclamo para que
«refrene su tentación» de hacer del Pacto Antiterrorista un
«territorio de confrontación» porque que este acuerdo debe estar
«fuera de la agenda electoral».
Por su parte, Rubalcaba también se refirió a la petición de
Rajoy para que el Gobierno promueva la ilegalización del PCTV-EHAK
recordándole que el Estado de Derecho y los tribunales «funcionan
con pruebas y no con sospechas, ni con convicciones». En este
sentido, recordó que la Fiscalía General del Estado y la Abogacía
del Estado, que son las instancias a las que corresponde aportar
esas pruebas, han dicho que no son suficientes.
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